Bajo la Polémica
Por Ricardo Sepúlveda

JUSTICIA MILITAR E IMPUNIDAD

Las deficiencias de la estrategia contra el crimen organizado y su falta de resultados han intensificado la polémica sobre la justicia militar. Esto era de esperarse, el riesgo de involucrar al ejército en labores de seguridad, se sabía desde el principio, era principalmente para el propio Ejército.

Más allá de los aciertos que logre, de los golpes que se den a los cárteles y de los esfuerzos que haga por capacitar a sus miembros en derechos humanos, se les estará recriminando actuar en un campo que no es de su competencia propia.

Esto se agrava por la circunstancia temporal, ya que aunque se ha reconocido que se trata de una intervención provisional, nunca se ha dicho qué significa esto en términos de años y días, además de que, por lo pronto, ya son tres años de actuación creciente sin que se vea la luz al final del túnel.

La falta de resultados no significa la falta de acciones o de capturas. Parte del problema es que los avances no tienen forma de medirse fácilmente, sin embargo, para la ciudadanía, que es la que mide, el resultado que espero, aunque sea implícitamente, es el de sentir y tener mayor seguridad, y esto es precisamente lo que no se ha logrado.

La situación se vuelve compleja porque si bien hay razones para continuar con la misma estrategia, empiezan a tomar vigor las voces que piden que se modifique sustancialmente, pidiendo entre otras cosas que la intervención del Ejército se acompañe de un sistema de justicia con más transparencia e independencia.

Aquí es donde inicia el debate.

Sin afán de justificar nada, menos las violaciones a derechos humanos, resulta entendible que a mayor participación del Ejército, tomando en cuenta su modus operandi¸ mayor serán también el número de quejas e, incluso, de violaciones a derechos humanos.

“Para muestra un botón”: antes de 2006 el mayor número de recomendaciones de la CNDH se dirigían a la PGR y a la PFP, a partir de esta fecha y de su intervención en la seguridad pública, las quejas contra SEDENA son el mayor número.

Esta situación es la que lleva a diferentes actores nacionales e internacionales, a proponer que se garantice la autonomía de los tribunales que juzguen a los militares por violaciones a derechos humanos. Hay que tener en cuenta que en la práctica jurídica mexicana, las violaciones a derechos humanos cometidas por militares, si actúan en servicio, es decir, si están con uniforme y actuando bajo las órdenes de sus superiores, se conocen por los tribunales militares, aunque se involucren (como víctimas) a civiles.

La posición del Gobierno mexicano, en voz fundamentalmente del Secretario de Gobernación, ha sostenido en las últimas semanas que los tribunales militares son tan imparciales juzgando militares como lo podrían ser los tribunales civiles, además de que es una garantía para la disciplina militar.

Frente a este argumento se aduce la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha señalado reiteradamente la necesidad de que no sean los propios tribunales militares los que juzguen a sus pares.

Donde se incrementa la discrepancia entre las posiciones es respecto a los casos que han sido efectivamente consignados y sentenciados; ya que mientras algunas organizaciones, como Human Rights Watch, dice que ninguno de los 17 casos denunciados entre 2007 y 2008, por violaciones tales como homicidio, violaciones sexuales, o tortura, ha sido castigados; el gobierno responde que hay casos documentados de consignaciones y sanciones.

Como se ve el debate ha tomado más fuerza que en otras circunstancias recientes, no obstante que es un tema ya discutido por tiempo en el ámbito de los derechos humanos en México, pero ahora, quizá por las circunstancias adversas mencionadas el tema se ha levantado.

La importancia del tema, lejos de ser la discusión teórica, es la realidad de la impunidad en México. El silogismo es muy contundente: si en el combate a la inseguridad –cuyo lema es acabar con el delito- se generan más casos de impunidad, entonces la estrategia falla de raíz, en la cura está la enfermedad.

Yo no entiendo que la denuncia que hacen los organismos internacionales por la imparcialidad en la justicia militar, sea en contra de la disciplina de esta cabal institución, ni mucho menos que se trate de una defensa a los cárteles de la droga, me parece más bien un llamado a la integralidad en la lucha contra el delito.

Por eso es muy importante que por encima de todo se avance en el combate a la impunidad (cáncer lacerante en nuestro país).

No comparto por eso la posición de defender el status quo actual, por más que existan razones para hacerlo, sino que lo que debemos lograr es buscar formas de hacer más eficaz la justicia tratándose de violaciones a derechos humanos, incluyendo la militar. La imparcialidad deriva de muchos factores: inamovilidad, posibilidad de revisar las decisiones de primera instancia, publicidad, transparencia, sistema de nombramiento, etc. Sobre estos puntos debe estar la discusión orientada a las soluciones.

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